Fuerza Pública colombiana, pilar de la democracia

Fuerza Pública colombiana, pilar de la democracia

Escrito el 14/09/2020
Sofi Casas


Colombia viene atravesando por unos cambios muy radicales después de la llegada de Juan Manuel Santos al poder. Viví la Colombia de los años 80 y 90, y cuando la historia se partió en dos con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en el 2.002. En los 80 y 90 había un país azotado por los carteles de la droga y los grupos al margen de la ley, las pescas milagrosas de los narcoterroristas FARC, las bombas de Pablo Escobar y la forma inhumana en la que actuaba el grupo guerrillero M-19 al quemar vivos dentro del Palacio de Justicia a magistrados y civiles por órdenes del Cártel de Medellín, entre otras atrocidades.

En todas estas situaciones ha actuado la Fuerza Pública, cumpliendo con su deber constitucional de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan: salvaguardar el orden constitucional, la defensa de la soberanía y mantener las condiciones necesarias para asegurar los derechos y libertades de los colombianos. Pero, como lo dije anteriormente, la historia de Colombia se parte en dos con la llegada a la presidencia de Uribe en al año 2.002. Hubo algo muy particular que siempre nos inculcó su gobierno, el cual nos dejó grandes enseñanzas: el valorar y respetar a cada miembro que integra nuestra Fuerza Pública. Los que hacemos parte de esa generación entre 2.002 y 2.010, mientras viajábamos por carretera saludábamos a nuestro Ejército y le dábamos las gracias por cuidarnos para poder llegar sanos y salvos a nuestro destino. En febrero de 2.008 marchamos millones de colombianos rechazando el narcoterrorismo, dejando un mensaje claro: no queremos impunidad para criminales de lesa humanidad. Pero hoy de eso queda muy poco.

 

Este gobierno fue contundente en la lucha contra el narcoterrorismo al darle prioridad a un importante detalle que no muchos logran entender: el mantener animada a la tropa, sin bajarle la moral, porque se le dio la confianza suficiente y respaldo bajo la voluntad política y liderazgo que ejerció el presidente Álvaro Uribe, quien asumió la responsabilidad de las operaciones militares bajo su figura de Comandante en Jefe de las FFAA. La llegada de Juan Manuel Santos en el 2.010 abre una brecha que conlleva un giro radical al ponerlas al mismo nivel del grupo al margen de la ley narcoterrorista FARC, bajo una pretendida negociación de “paz” con la organización en mención, y con ello humillar y paralizar a la Fuerza Pública.

En los ocho años de desgobierno de Juan Manuel Santos, se alimentó el antiuribismo, se fortaleció y empoderó a la extrema izquierda -el adoctrinamiento de izquierda a nuestros jóvenes- que de la mano de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) ha dado los resultados que hoy vemos: jóvenes que ven muy normal los asesinatos de los grupos narcoguerrilleros M-19, FARC y ELN porque les inculcan que todo es en aras de la ‘’revolución’’, el defender un acuerdo de paz fallido, que no es más que la impunidad a crímenes atroces, premiación con curules y partido político a los que asesinaron colombianos durante 60 años. Ahí inicia la debacle de nuestro país con una juventud completamente perdida, sin valores, sin temor y respeto a Dios, a la familia y sobre todo a la autoridad. Esta izquierda radical fortalecida que se ha encargado muy bien de llevar al pie de la letra el manual marxista de que una mentira repetida mil veces la convierten en verdad. Pero siempre pregunto: ¿Qué edad tenían estos jóvenes cuando nosotros los de la generación que vivimos el narcoterrorismo salimos a marchar para rechazar a estos bandidos que hoy gozan de impunidad y se creen adalides de la moral?

Muchos de los padres de los jóvenes que hoy salen a las calles incitados por estos mismos bandidos impunes y la extrema izquierda liderada por el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro alias Aureliano, (que no es más que el títere de Cuba y del chavismo) participaron de esa multitudinaria marcha, rechazando a los que hoy sus hijos defienden.

Como colombiana demócrata, activista política, respetuosa de la Constitución y la ley, defensora de nuestra Fuerza Pública y del Estado de derecho, hago un llamado a estos padres que rechazaron en algún momento las atrocidades cometidas por estos grupos al margen de la ley, para que se tomen el tiempo que sea necesario y les cuenten a sus hijos que los buenos somos más, que nuestra Fuerza Pública está para cuidarnos y defendernos de cualquier amenaza que conlleve a la desestabilización de nuestro país, la cual es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. Que le cuenten a sus hijos la verdadera y triste historia de las barbaries a los que muchos colombianos fueron sometidos gracias a una supuesta “revolución”, que no es más que la toma del poder en todas las formas de lucha para imponerle a una mayoría que votó por la democracia, la empresa-propiedad privada y la libertad, un modelo económico llamado socialismo del SXXI sin pasar por las urnas.

Con los últimos acontecimientos en el país sobre lo sucedido con el estudiante de derecho Javier Ordóñez, reprochamos y condenamos el abuso de autoridad por parte de dos miembros de la Policía (los cuales ya fueron retirados de la institución), y de otros cinco que participaron del hecho que llevó al asesinato de este joven, y por lo cual miles de colombianos pedimos todo el peso de la ley para los autores. Por otra parte, como defensores de nuestra Fuerza Pública que son el pilar de la democracia, esta institución que tiene más de cien años y cuenta con más de 157.000 miembros, no debe ser estigmatizada por culpa de siete policías que abusaron de su autoridad. Esta institución que está al servicio de la protección de la ciudadanía no debe ser reformada como pretende hacerlo la extrema izquierda, sino reforzada en cuanto a capacitación rigurosa en armamento y derechos humanos para evitar en un futuro casos como el del joven Ordóñez. Me aterra enormemente el ver cómo dos cabezas grandes de la autoridad en ciudades como Bogotá y Medellín (Alcaldesa Claudia López y Daniel Quintero) señalan a la Policía de asesina, creando un manto de desconfianza y miedo en la ciudadanía que llevan a los lamentables hechos de que jóvenes salgan a las calles a vandalizar las ciudades y a quemar vivos a la autoridad. ¿Exigen todo el peso de la ley en contra de los policías, pero no piden investigar ni llevar hasta las últimas consecuencias a todos aquellos que incitan el terrorismo y el asesinato de policías en redes sociales y en las calles? ¿De qué lado se encuentran la alcaldesa Claudia López y el señor Daniel Quintero cuando incitan al odio en contra de la Policía? Esto es institucionalidad en contra de la institucionalidad.

Hay otra parte muy importante que vale la pena resaltar: la reforma a la Policía y a las Fuerzas Militares colombianas está estipulada en el pacto de La Habana que hicieron el gobierno de Juan Manuel Santos con los narcoterroristas de las FARC. Cambiar la doctrina militar y desarmarlos para convertirlos en “Policía Cívica” tiene como propósito ingresar a estas instituciones a exintegrantes de estos grupos al margen de la ley para convertirlos en protectores de dictadores que están al servicio del narcoterrorismo (cúpula militar narcotraficante) al estilo Cuba y Venezuela. Como ciudadana del común, no me quiero imaginar a un país que cuenta con más de 220.000 hectáreas de coca, varios grupos al margen de la ley y carteles de la droga extranjeros dentro de su territorio con unas fuerzas militares completamente desarmadas y doblegadas al narcoterrorismo, quedando un país que cuenta con casi 50 millones de habitantes a merced de los bandidos.

Llegó el momento de rodear y apoyar a nuestra Fuerza Pública para que siga siendo ese muro de contención a la llegada del socialismo del SXXI, que no es más que anarquía.

 


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