Ley de Víctimas, tendrá vigencia por 10 años más, que significa esto para las victimas?

Colombiano.me


El Presidente, Iván Duque Márquez, sancionó este viernes la prórroga, por diez años, de la Ley de Víctimas, la cual tendrá vigencia hasta el 10 de junio de 2031. 

 
 

La nueva Ley, que ahora será reconocida como 2078 del 8 de enero de 2021, modifica la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, y de los Decretos-ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011, y 4635 de 2011”. 

 
 

La norma, aprobada a finales de 2020 por el Legislativo, determinó que “el Gobierno nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas”. 

 
 

De la misma manera, estableció que “un año antes del vencimiento de la vigencia de esta ley, el Congreso de la República deberá pronunciarse frente a la ejecución y cumplimiento de la misma”. 

 
 

Adicionalmente, en la Ley sancionada se establece que los decretos 4633, 4634 y 4635 todos de 2011 tendrán una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031. 

 

¿Qué significa la prórroga de la Ley de Víctimas? 
 

Con la aprobación de la prórroga de la Ley de Víctimas se fortalecerán los derechos adquiridos por las víctimas y podrán avanzar en la reparación integral de los nueve millones de colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas (RUV). 

 

La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Esto implicaba no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino la inclusión de medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución (de tierras, vivienda, fuentes de ingreso, acceso a crédito, educación, salud) y garantías de no repetición.  

  

La Ley no sólo ampara a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. 

  

Tiene un enfoque diferencial, por lo que reconoce que las personas por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad, pudieron haber sentido en mayor medida los efectos del conflicto, asegurando un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. 

  

La Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica son las otras dos entidades que hacen parte de la Ley 1448 y contribuyen también a la reparación y la atención integral a las víctimas del conflicto.